España afronta la mayor carga fiscal nuclear de Europa, confirma un estudio de EY
España soporta la carga fiscal más elevada del sector nuclear en Europa, de acuerdo con el informe Benchmarking europeo del estado del parque nuclear, sus cargas y el modelo de financiación del desmantelamiento y gestión de residuos, elaborado por Ernest & Young (EY) en junio de 2025.
El estudio sobre fiscalidad llevado a cabo por la consultora EY compara la situación de siete países europeos con parques nucleares operativos y concluye que, a diferencia del resto, España impone una fiscalidad específica significativamente más gravosa, sin adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad futura del sector.
A diferencia de países como Francia, Bélgica, Reino Unido, Suecia o Suiza —donde se están ampliando los calendarios de operación de los reactores o desarrollando nuevos proyectos—, España mantiene su plan de cierre progresivo entre 2027 y 2035, sin contemplar por el momento prórrogas ni sustituciones.
Mientras que en Suiza la planta de Beznau continuará operativa más allá de los 60 años, y en Suecia el Gobierno ha aprobado préstamos estatales para financiar el 75 % de cuatro nuevos reactores, en España no existen medidas comparables. En este contexto, el estudio de EY destaca que “España afronta simultáneamente las cargas fiscales más elevadas y la ausencia de un marco de continuidad del parque nuclear”, lo que sitúa al país en una posición única en Europa.
Desventaja fiscal y desequilibrio regulatorio
El estudio identifica que todos los países analizados aplican tasas a los operadores nucleares para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos, desmantelamiento y seguridad. España es el único país que también impone tributos específicos sobre combustible gastado y fiscalidad regional. Esta particularidad aumenta la presión económica sobre los operadores y pone en cuestión la equidad regulatoria dentro del marco europeo, explica EY.
Por ejemplo, la tasa Enresa —destinada a la gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento de las centrales— supondrá en 2025 un desembolso estimado de 568 millones de euros, manteniendo la producción actual. En España, el cálculo y revisión de estos costes recaen exclusivamente en organismos públicos, a diferencia de otros países con sistemas de gobernanza mixtos.
Según EY, los operadores nucleares en España enfrentan una carga fiscal de 27,3 €/MWh brutos (28,6 €/MWh netos), la más alta entre los países evaluados. Mientras la mayoría limita sus gravámenes a la gestión de residuos, combustible gastado y desmantelamiento, España impone además tributos adicionales —conocidos como ecotasas— que suman 9,2 €/MWh.
En comparación, Suiza, que presenta la segunda mayor carga fiscal específica, aplica apenas un 2,4 % de coste fiscal adicional, frente al 10 % que representa esta carga suplementaria para España sobre la carga fiscal total. EY concluye que esta estructura coloca al parque nuclear español en una clara desventaja competitiva y económica en el contexto de la transición energética europea.
La evaluación comparada llevada a cabo por Ernest & Young pone de manifiesto que España aplica una fiscalidad nuclear considerablemente más elevada y fragmentada que el resto de países analizados. Esta situación, unida a la ausencia de políticas de continuidad del parque, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual y su encaje en la estrategia energética nacional a medio y largo plazo. En contraste, países como Francia, Suecia, Suiza y Reino Unido, entre otros muchos, avanzan en la extensión de la operación de sus reactores, el desarrollo de nuevas instalaciones y la implementación de apoyos financieros, consolidando así la energía nuclear como un pilar estratégico para la seguridad energética y la descarbonización.
A este estudio se suma el análisis realizado el pasado año por PwC titulado “Carga fiscal y energía nuclear, la viabilidad de las centrales está amenazada”. En él se recoge que el parque nuclear español enfrenta serios desafíos económicos debido a la presión fiscal. Este informe destaca que la carga fiscal soportada por las centrales nucleares españolas ha aumentado más del 70% en los últimos cinco años, lo que pone en riesgo su viabilidad económica.
