Julián Mora

Como catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible lleva décadas investigando el análisis geográfico regional. ¿Cómo ha evolucionado su visión sobre el papel de la energía y las infraestructuras en el desarrollo territorial?

A lo largo de mi trayectoria he pasado de entender la energía como un sector más de la actividad económica a considerarla un elemento estructurante del territorio. El análisis geográfico regional, apoyado en datos demográficos, fiscales y laborales, muestra que determinadas infraestructuras energéticas no sólo generan muchísimo empleo directo, sino que configuran dinámicas territoriales completas: fijan población, sostienen servicios, elevan la renta disponible y crean un “geosistema empresarial asociado”. En regiones como Extremadura, marcadas por el vaciamiento rural, la presencia de una instalación como la central de Almaraz ha actuado como factor de estabilidad frente a la regresión demográfica que afecta al 95% de los municipios.

Por eso mi visión ha evolucionado hacia una concepción más sistémica: la energía no es únicamente producción eléctrica, es cohesión territorial, capacidad tractora y anclaje económico. Cuando una infraestructura energética tiene continuidad y peso económico, pasa a formar parte de la estructura geográfica, y cualquier decisión sobre ella trasciende lo sectorial para convertirse en una cuestión de ordenación territorial.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en temas de desarrollo regional y sostenibilidad. ¿Qué lecciones generales aportan sus investigaciones para abordar los procesos de transición energética en territorios rurales?

Mis investigaciones me han llevado a una conclusión clara: la transición energética no puede abordarse como un proceso exclusivamente tecnológico o ambiental, sino como una transformación territorial con efectos económicos y sociales profundos. En los espacios rurales, donde la fragilidad demográfica y la debilidad del tejido productivo son estructurales, cualquier cambio en las infraestructuras energéticas debe planificarse con especial prudencia. La sostenibilidad no es únicamente descarbonizar, sino garantizar estabilidad económica, empleo cualificado y cohesión social.

La experiencia comparada demuestra que, cuando se desmantelan activos estratégicos sin que existan alternativas reales ya consolidadas, el territorio entra en dinámicas regresivas imposibles de revertir. Por eso, la principal lección es que la transición debe ser gradual, basada en datos y acompañada de inversiones previas que aseguren continuidad económica. No se trata de frenar el cambio, sino de evitar que, en nombre de la sostenibilidad ambiental, se comprometa la sostenibilidad de una región y se condene a su gente al ostracismo.

En su artículo “Almaraz: la verdad incómoda” señala que en el debate público se están difundiendo afirmaciones sin suficiente base empírica. ¿Qué aspectos considera que están siendo peor interpretados o simplificados?

En ese artículo señalo, ante todo, una simplificación excesiva de la realidad territorial. Se está difundiendo la idea de que la central [de Almaraz] tiene un peso relativo en la economía comarcal o que su influencia es fácilmente sustituible por otras actividades, sin aportar análisis estadísticos rigurosos ni comparaciones territoriales sólidas, cuando su importancia es incuestionable.

También se minimiza el efecto estructural que ha tenido sobre la demografía, la renta municipal y el tejido empresarial auxiliar, como si se tratara únicamente de un conjunto de empleos directos aislados. Otra simplificación frecuente es plantear el debate en términos ideológicos, como si se tratara de estar a favor o en contra de una tecnología, cuando el fondo del asunto es territorial y económico. Mi posición no parte de preferencias energéticas, sino del análisis de datos disponibles y de la observación de dinámicas comparadas, así como de la experiencia contrastada en procesos de cierre de grandes instalaciones industriales. Lo que considero peor interpretado es, precisamente, esa dimensión estructural y sistémica: cuando se reduce el debate a consignas, se pierde de vista la complejidad real del territorio afectado, caso de la comarca funcional de Navalmoral de la Mata, donde se inserta Almaraz.

Cuando afirma que la influencia de Almaraz es “estructural”, ¿qué implica esto en términos económicos, sociales y territoriales?

Me refiero a que no se trata de un impacto coyuntural ni fácilmente sustituible, sino de un elemento que ha configurado la base económica y social del territorio durante décadas, desde 1976 que se inician las obras. En términos económicos, implica que la central no sólo genera empleo directo, sino que sostiene un entramado de actividades auxiliares, servicios, comercio y recaudación fiscal que eleva la renta municipal y aporta estabilidad presupuestaria.

En términos sociales, ha contribuido a asentar población en un entorno marcado por el vaciamiento rural, reteniendo y atrayendo capital humano cualificado y favoreciendo una dinámica demográfica expansiva (entre 1970 y 2005 Navalmoral de la Mata, cabecera matriz, duplicó su número de habitantes pasando de 8.500 a 17.300) y excepcional en la España vaciada, para luego continuar estabilizada, algo realmente inaudito. Y en términos territoriales, ha actuado como factor de anclaje, creando un sistema local articulado en torno a una actividad tractora que condiciona infraestructuras, movilidad, vivienda y servicios públicos. Por eso hablo de estructura: porque su presencia ha modelado el funcionamiento del territorio y su eventual desaparición no sería un simple ajuste sectorial, sino una alteración profunda del equilibrio económico y demográfico de esa comarca funcional.

Insiste en la necesidad de un análisis riguroso apoyado en fuentes. ¿Qué conclusiones principales arrojan estos datos sobre la dependencia económica del territorio respecto a Almaraz?

Cuando desde la Universidad acudimos a fuentes oficiales y analizamos series estadísticas con perspectiva comparada, la conclusión es manifiesta: existe una dependencia económica significativa y estructural. Los datos muestran una concentración relevante de empleo directo e indirecto vinculado a la central, una aportación fiscal muy superior a la media regional y unos niveles de renta municipal y estabilidad presupuestaria que no son habituales en entornos rurales similares, ni en muchos otros urbanos.

Además, el comportamiento demográfico de los municipios próximos presenta una mayor capacidad de retención poblacional frente al vaciamiento que afecta a buena parte de Extremadura. Esto no significa que el territorio no pueda diversificarse, pero sí indica que, en el momento actual, la central nuclear de Almaraz actúa como eje económico principal y como factor de resiliencia. Negar esa dependencia impide planificar con realismo cualquier escenario de transición o eventual cierre.

En su tribuna reciente “La falsa dicotomía entre Almaraz y renovables: amenaza de apagón” afirma que el debate se está planteando como una elección excluyente. ¿Por qué considera que esta dicotomía es errónea?

Porque parte de una simplificación técnica que no se corresponde con el funcionamiento real de un sistema eléctrico moderno. No se trata de elegir entre una fuente u otra como si fuesen alternativas excluyentes, sino de entender que cumplen funciones distintas dentro del mix energético. Las renovables son imprescindibles en el proceso de descarbonización, pero su carácter intermitente exige respaldo estable y gestionable para garantizar continuidad de suministro y estabilidad de precios.

Plantear el debate como ‘nuclear o renovables’ introduce un marco ideológico que distorsiona el análisis técnico y territorial. La cuestión no es sustituir abruptamente una tecnología por otra, sino cómo integrar ambas de manera ordenada, manteniendo la seguridad del suministro, competitividad económica y cohesión territorial. Cuando se presenta el asunto como una confrontación binaria, se pierde de vista que el verdadero reto es el equilibrio del sistema y la planificación rigurosa de la transición.

También advierte del riesgo de una “ruptura abrupta del sistema” si no se planifica adecuadamente. ¿A qué escenarios concretos se refiere?

Me refiero a escenarios en los que se retira potencia firme y manejable sin que exista todavía una capacidad equivalente plenamente operativa que garantice estabilidad. En términos concretos, eso puede traducirse en mayor dependencia de importaciones eléctricas, incremento de ciclos combinados para cubrir picos de demanda, volatilidad en los precios mayoristas y pérdida de competitividad para el tejido industrial. También puede provocar tensiones en momentos de alta demanda o baja producción renovable, especialmente en situaciones meteorológicas adversas.

Desde el punto de vista territorial, esa ruptura no es solo técnica: afecta a la confianza inversora, a la planificación empresarial y a la percepción de seguridad energética. Los sistemas complejos requieren transiciones acompasadas. Si se desmonta un pilar antes de consolidar el siguiente, el ajuste no es neutro, tiene costes económicos y sociales que recaen tanto sobre el conjunto del país como, de forma más intensa, sobre los territorios directamente vinculados a esa infraestructura.

¿Cómo influye la calidad y la garantía del suministro eléctrico en la competitividad de los territorios y en su capacidad para generar empleo cualificado?

La calidad y la garantía del suministro eléctrico son factores silenciosos pero decisivos en la competitividad económica. Las empresas que generan empleo cualificado, especialmente en sectores industriales, tecnológicos o de servicios avanzados, necesitan estabilidad, previsibilidad y costes energéticos razonablemente contenidos. Cuando el suministro es fiable, continuo y con baja volatilidad de precios, se reduce la incertidumbre y se facilita la planificación a medio y largo plazo. Por el contrario, si existen dudas sobre la estabilidad del sistema o sobre la evolución de los costes, la inversión tiende a desplazarse hacia países más seguros desde el punto de vista energético.

En regiones que ya parten de una posición periférica o con debilidades estructurales, perder ese factor de confianza puede suponer un obstáculo añadido para atraer proyectos intensivos en capital y conocimiento. La seguridad energética, por tanto, no es una mera cuestión técnica, sino un componente estratégico del desarrollo económico y de la capacidad de un territorio para retener talento y generar empleo cualificado.

¿Qué efectos tendría el cierre de Almaraz sobre el tejido empresarial, los servicios y la actividad económica de la comarca?

Más allá del empleo directo, el cierre tendría un efecto en cadena sobre el conjunto del ecosistema económico comarcal. La central no solamente sostiene puestos de trabajo, sino que genera demanda estable para empresas auxiliares, contratas especializadas, servicios técnicos, hostelería, comercio y actividades profesionales. Esa circulación de renta mantiene vivo un tejido empresarial que, en un entorno como el extremeño, no dispone de otras alternativas de similar capacidad tractora.

Además, los ingresos fiscales asociados permiten a los municipios financiar servicios públicos, equipamientos e inversiones que sostienen la calidad de vida y refuerzan la cohesión social. Si desaparece ese núcleo generador de actividad sin una alternativa equivalente ya consolidada, el impacto sería inmediato y acentuado en los próximos cinco años: pérdida de masa empresarial, descenso del consumo local, menor capacidad presupuestaria y debilitamiento demográfico. En territorios frágiles, estos procesos tienden a retroalimentarse, por eso el análisis debe contemplar el conjunto del sistema económico y no solamente la cifra de empleos directos.

A la luz de sus análisis y de su trayectoria en ordenación del territorio y desarrollo sostenible, ¿qué mensaje trasladaría a los responsables públicos sobre la necesidad de integrar transición energética, seguridad de suministro y cohesión territorial?

La transición energética no puede diseñarse como una política sectorial aislada, sino como una estrategia integral de España con implicaciones territoriales muy concretas. Descarbonizar es imprescindible, pero también lo es garantizar seguridad de suministro y preservar la cohesión territorial, especialmente en regiones vulnerables al vaciamiento y con limitada diversificación económica.

Si se prioriza exclusivamente el objetivo ambiental sin asegurar estabilidad técnica y alternativas económicas reales en los territorios afectados, se corre el riesgo de generar desequilibrios que después son imposibles de corregir. La ordenación del territorio exige anticipación, análisis comparado y planificación gradual: primero consolidar las infraestructuras y actividades que deben sustituir a las existentes, y después, de forma acompasada, proceder al cambio. No se trata de frenar la transición, sino de hacerla compatible con la competitividad del sistema y con la estabilidad económica y social de los territorios implicados.

¿Qué lecciones aportan experiencias de cierre de grandes instalaciones industriales o energéticas en España o en Europa?

Las experiencias de cierre de grandes instalaciones industriales o energéticas en el caso español ha sido un engaño manifiesto a la gente que vivía de esas actividades, tal como observamos en la desmantelada central nuclear de Garoña (ahora existe pobreza y un desierto demográfico en toda la zona) y en la térmica de Andorra (prometieron en 2020 que se crearían 4.400 empleos y no se ha concretado ninguno).

En Alemania, sin considerar el desastre que ha supuesto para la economía del país, según reconoce el canciller Merz, muestran un patrón bastante claro: cuando el cierre se produce sin una alternativa económica sólida previamente implantada, el territorio entra en una fase de regresión irreversible. Se pierde empleo directo, pero sobre todo se debilita el tejido empresarial auxiliar, disminuye la recaudación municipal y se reduce la capacidad de mantener servicios e infraestructuras. A medio plazo, esto suele traducirse en pérdida de población, envejecimiento acelerado y dependencia creciente de transferencias públicas.

En los casos donde la reconversión industrial ha sido más exitosa, ha existido una planificación anticipada, inversiones previas significativas y una estrategia clara de diversificación productiva antes de la clausura. La lección principal es que la sustitución de un motor económico estructural no se improvisa ni se resuelve con medidas compensatorias puntuales. Requiere tiempo, recursos y una visión territorial integrada que evite que el cierre se convierta en un factor de declive estructural. Y, para el cierre de Almaraz no está prevista ninguna alternativa. ¡Un desastre!

¿Qué le gustaría añadir?

Me gustaría apuntar que este debate exige serenidad y rigor. Las decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas no son simbólicas, tienen consecuencias medibles en términos de renta, empleo, demografía y equilibrio territorial. Por eso, insisto en que el análisis debe basarse en datos probados y en escenarios realistas, no en planteamientos simplificados ni ideológicos.

La transición energética es necesaria y forma parte del compromiso con la descarbonización, pero su diseño debe integrar tiempos, impactos y alternativas viables. En territorios vulnerables, los errores de planificación no son neutros: pueden consolidar procesos de declive imparables. Mi posición no responde a una defensa acrítica de ninguna tecnología, sino a una preocupación por la cohesión territorial y por la estabilidad del sistema económico en su conjunto. El verdadero reto es compatibilizar transición energética con sostenibilidad territorial y cohesión social, y eso exige planificación, coordinación institucional y visión a largo plazo.