Diego Rodríguez

¿Cuáles son los objetivos que persigue FEDEA en el ámbito de la investigación económica y cómo se relacionan con el sector energético?

FEDEA acaba de cumplir 40 años y nuestra vocación ha sido siempre la de servir de puente entre el mundo académico, la sociedad civil y los gestores públicos. En ese sentido, ha venido desarrollando una intensa labor de investigación y difusión en distintas áreas de la economía española, como las cuentas públicas y pensiones, el mercado laboral, los impuestos o las infraestructuras, entre otras. Desde hace unos años, desarrollamos también tareas de investigación y difusión en el ámbito de la energía y el medioambiente porque a nadie se le escapa que el sector energético está experimentando profundas transformaciones, en un contexto de una transición energética hacia una generación y usos de la energía más descarbonizados.

Desde FEDEA pretendemos ofrecer análisis rigurosos basados en datos, proporcionando propuestas de mejora que contribuyan al debate y el diseño de políticas públicas coherentes con los objetivos de interés general.

Formó parte de la Comisión de Expertos sobre transición energética en 2018 con el entonces ministro Álvaro Nadal. ¿Qué conclusiones se extrajeron respecto al papel de la energía nuclear en España?

Tuve la suerte de participar en dicha Comisión de Expertos tras terminar mi mandato en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El papel de la Comisión de expertos estaba tasado por la norma en la que se basó su creación, y partía de la elaboración de un conjunto de escenarios sobre la evolución del sector energético. Esos escenarios proporcionaban un marco general a partir del cual, siguiendo el mandato del Acuerdo del Consejo de Ministros, se articularon un amplio conjunto de propuestas de política energética en distintos ámbitos: mejora de las señales de precios y en el funcionamiento de los mercados, movilidad sostenible, eficiencia o redes, entre otros.

El informe se cerró en abril de 2018 y, por tanto, fue previo al Protocolo de Intenciones para el Cierre Ordenado de las Centrales Nucleares en España. En los escenarios del informe no modificamos el parque nuclear ya instalado y, de hecho, analizamos cuál podría ser el impacto sobre la tasa Enresa de una extensión en los años de funcionamiento del parque nuclear.

En este informe, además, enfatizamos la necesidad de asegurar las condiciones para el mantenimiento de la seguridad en el funcionamiento del sistema, particularmente la necesidad de seguir manteniendo potencia síncrona en el sistema en un contexto de profunda transformación del mix de generación. Se trata de un asunto en el que resulta clave la contribución de los generadores térmicos tradicionales y que, como es sabido, ha vuelto a estar en primera plana tras el apagón en abril de 2025.

¿Considera que las recomendaciones de los expertos fueron tenidas en cuenta?

En España hay cierta tradición de configurar comisiones de expertos que llevan a cabo un intenso trabajo totalmente desinteresado, ya que no se recibe remuneración de ningún tipo, pero cuyas propuestas muy raramente se atienden. Este fue también el caso en el informe de expertos sobre escenarios de transición energética. En el informe, que no recibió ningún voto en contra por parte de los 14 expertos que lo elaboramos, se realizaban distintas propuestas de mejora regulatoria que, sin embargo, aún no se han desarrollado. Probablemente la mayoría no se lleguen a tomar en consideración, si bien alguna propuesta concreta, como el diseño de un mecanismo de capacidad (sobre el que hacíamos un análisis y una propuesta), sí está en curso.

¿Cree que se escucha suficientemente a la comunidad científica y técnica en la toma de decisiones energéticas?

Menos de lo que se debería. Todos somos conscientes de que el peso del sustantivo “política” en la política energética es muy relevante, y que algunas de las discusiones en este ámbito tienen un cierto componente ideológico. También, en algunos casos, es importante el peso de la “tradición”. En ese contexto, creo que la comunidad científica y técnica puede aportar racionalidad en los debates y reducir la tendencia a desarrollar análisis apriorísticos, no sustentados en los datos. Por ejemplo, valorando qué soluciones de entre las que se discuten son las que consiguen los objetivos planteados con los menores costes posibles.

Creo que casi todos compartimos el objetivo general de que es imprescindible una descarbonización en los modos en los que generamos y consumimos energía, pues se trata de un medio necesario para conseguir un fin: avanzar en la lucha contra el cambio climático. Pero es evidente que existen costes en esa transición energética y, ante esa circunstancia, el objetivo de cualquier gestor debe ser conseguir los mejores resultados con los menores costes posibles. Por tanto, se requiere de una valoración desapasionada de las alternativas disponibles, cuando estas existen.

A la luz de sus investigaciones y de su último estudio sobre Almaraz, ¿cuáles serían las principales razones para reconsiderar el calendario de cierre nuclear previsto en España?

El análisis de cómo estamos progresando en la transformación del mix de generación eléctrica indica que vamos muy bien en relación con el despliegue de la generación fotovoltaica, regular (tirando a mal) en el caso de la generación eólica y mal en el despliegue del almacenamiento.

Esto es importante porque el escenario objetivo de descarbonización y de costes eléctricos del PNIEC se ha basado en algunos supuestos que sabemos que no se van a cumplir. La consecuencia inmediata, que analizo en el estudio, es el uso más intenso de los ciclos combinados. Ello llevará de modo natural a mayores costes de suministro y a mayores emisiones que las que se desean y se han comprometido para final de esta década. El mayor uso de los ciclos no solo se producirá por su entrada más frecuente en el mercado eléctrico diario sino, también, porque será más frecuente su programación en los servicios de ajuste y de balance por parte del operador del sistema.

Adicionalmente, deseamos que se produzca un incremento de la demanda eléctrica. Parte de esa demanda, como por ejemplo la procedente de los centros de datos, se caracteriza por un régimen de funcionamiento que requiere del respaldo de instalaciones de producción térmicas, tal y como se indica en la reciente convocatoria para los concursos de acceso a nudos de demanda. No parece razonable perder un modo de generación térmica como la nuclear, que se ajusta a esas características y que, a diferencia de otros tipos de generación térmica, no induce emisiones.

En sus estudios expone la necesidad de adaptar la estrategia energética a las circunstancias actuales y basarse en análisis realistas. ¿Cree que estos y otros estudios son considerados por los responsables políticos en la toma de decisiones energéticas?

Los investigadores debemos contribuir de modo positivo a una valoración de las alternativas posibles en el ámbito de la política energética. Es verdad que los investigadores tendemos a quedarnos contentos con nuestros análisis una vez los terminamos, pero creo que también es responsabilidad nuestra lograr que se difundan e intentar, en la medida de lo posible, que los responsables públicos los lean y utilicen en su toma de decisiones.

Tengo muchas dudas de que esto último se produzca y que los responsables políticos utilicen nuestros análisis para una toma de decisiones más fundamentada. Con frecuencia alegan que el investigador no es capaz de ver todas las condiciones de contorno que rodean a una decisión. Eso puede ser cierto pero, por otro lado, lo que diría el investigador al político es, precisamente, que se centre en un análisis riguroso y realista y no deje que esas condiciones de contorno sean las que determinen una decisión, especialmente cuando hay evidencia sólida de que no es la más adecuada para el interés general.

¿Qué factores explican el renovado interés por la energía nuclear a nivel mundial?

La demanda mundial de electricidad va a aumentar de modo considerable en los próximos años y décadas. Parte de ese aumento vendrá de mayores consumos por el aumento del nivel de vida en muchas regiones del mundo (de modo destacado, en Asia y en África). Pero otra parte importante vendrá de nuevas demandas energéticas derivadas, por ejemplo, de la electrificación del transporte, del aumento de la electrificación en hogares y oficinas, del desplazamiento en el uso de hidrocarburos en la industria o de nuevas actividades como los centros de datos.

Por ejemplo, según la Agencia Internacional de la Energía la demanda eléctrica mundial de los centros de datos ha aumentado a un ritmo del 12% en los últimos cinco años, y el consumo global de electricidad requerido para esa actividad es ya un 70% mayor a todo el consumo eléctrico anual de España.

Es evidente que una parte importante de esa nueva demanda eléctrica será abastecida por nueva capacidad de generación renovable. Pero el aumento de la demanda es de tal magnitud y, al mismo tiempo, se requiere desplazar una capacidad de generación emisora basada en hidrocarburos tan grande, que muchos países optan por explorar todas las soluciones de generación no emisora. Ello incluye, obviamente, a la generación nuclear. Ese interés aumentará desde el momento en que haya soluciones de generación nuclear más modulares, con menores costes y menores residuos.

¿Qué lecciones podría extraer España de estas tendencias internacionales?

Sobre todo, quitar las etiquetas que frecuentemente acompañan al debate sobre el mix de generación. Los países que apuestan porque la energía nuclear juegue un papel de acompañamiento en el mix de generación no tienen gobiernos de un solo color político ni realizan esa apuesta en contra de la entrada de generación renovable. Todas las tecnologías de generación tienen ventajas e inconvenientes, sobre todo cuando se tiene en consideración todo su ciclo de vida, incluidos los procesos de fabricación de los equipamientos. Pero, en un momento en el que la prioridad es avanzar en la lucha contra el cambio climático, la experiencia de esos países nos indica que no es razonable prescindir de una tecnología que puede ayudar de modo decisivo en esa lucha.

Volviendo a su estudio publicado en septiembre sobre Almaraz, recomienda revisar algunas cargas fiscales aplicadas al sector y recuerda “que la extensión de vida de centrales lleva de modo natural a una reducción de la tasa Enresa”. ¿Nos podría dar más detalles al respecto?

Debemos partir de que el sector eléctrico acumula distintas cargas impositivas, que responden a situaciones muy diversas. Por ejemplo, nadie pone en duda el IVA sobre los productos energéticos, que es un impuesto general y no discriminatorio con respecto a otras actividades. En mi opinión, debe quedarse como está. Antes del IVA, los consumidores pagan por el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), cuyo extraño tipo (5,11269632 %) es fruto de una herencia histórica y de una situación en la que no nos preocupaba la electrificación de la economía. Ese tipo debería reducirse, en línea con lo planteado en la revisión de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía que, desafortunadamente, no ha culminado. Pero es que el IEE (y luego el IVA) se establece sobre una factura eléctrica que ya ha recibido otros impuestos específicos sobre el sector.

Esos impuestos se establecieron en el año 2012 para contribuir a solucionar el desequilibrio entre los ingresos y pagos regulados, que generaban un enorme déficit anual y una acumulación insoportable de deuda. Sin embargo, esa deuda, que se situó en casi 30.000 millones de euros al comienzo de 2014, la hemos pagado todos los consumidores en la última década y, afortunadamente, está muy próxima a desaparecer.

Por lo tanto, creo que hay que evitar la inercia regulatoria de crear un instrumento para solucionar un problema y luego fosilizarlo, aunque el problema haya desaparecido. Eso afectaría tanto al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica como al impuesto sobre la generación y almacenamiento de combustible nuclear gastado, cuyas recaudaciones se han destinado siempre a cubrir los costes del sistema distintos a las redes.

Otra cuestión es la tasa Enresa. En este caso, la situación es más sencilla, ya que por definición una extensión de vida de las centrales llevaría a un aumento de los ingresos provenientes de la tasa, que sería mucho mayor que cualquier incremento de costes. Como la tasa se calcula para obtener ingresos totales iguales a los costes totales, esa tasa se reducirá automáticamente si las centrales están operativas más años.

¿Qué le gustaría añadir o compartir con los lectores?

En un entorno donde con frecuencia todo se polariza, creo que es siempre bueno mantener la mente fría e incidir en la necesidad de que las decisiones públicas se basen en análisis rigurosos y realistas.

No se trata de ser “anti” o “pro” una tecnología. Se trata de buscar soluciones respetuosas con el objetivo general, que claramente es la reducción de emisiones, que permitan alcanzar ese objetivo con los menores costes sociales posibles.